Evaluación de la eficacia de la política pública de atención a la discapacidad en Santiago de Cali (Acuerdo 382 de 2014) en las vigencias comprendidas entre 2014 al 2021
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Londoño Murillas, Jacqueline Marcela | 2023-12-12
La garantía de derechos a la discapacidad es una condición transversal e inherente a los seres humanos donde es necesario que tanto instituciones de la sociedad civil como otras organizaciones y el Estado tomen acciones para determinar su cumplimiento, ya que, tanto la enfermedad como la diferenciación corporal son parte de la condición humana, por ende, cualquier persona puede adquirir una condición diferencial. En este sentido, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, y tiene como objetivo promover, proteger y garantizar el goce pleno de todos los derechos humanos.
Este hito, construye una nueva visión de la discapacidad al pasar de ser un tema de bienestar social a una prioridad que reconoce las limitaciones que promueven los juicios y estereotipos de la sociedad al pleno goce de sus facultades, tanto en materia de derechos como en desarrollo social (Palacio, 2014). Además, constituye un nuevo enfoque al pensar en la discapacidad desde la óptica de que, una situación que puede afectar a cualquier ser humano a lo largo de su vida, lo cual pone en juego la relación de factores ambientales y sociales que pueden impactar su calidad de vida.
El cambio de perspectiva es importante debido a que se cuestiona el papel del modelo rehabilitador, que implica transformar a la persona con discapacidad para que esta sea “funcional a la sociedad”, a un modelo social, que ve como prioridad la necesidad de concientizar a la sociedad para que esta genere los mecanismos para que las personas con discapacidad gocen de sus derechos fundamentales (Maldonado, 2013). Este enfoque, al trasladar a la discapacidad como parte de la condición humana, regresa el carácter humano de las personas y las pone como parte de la agenda política y social de los gobiernos nacionales.
Parte del reconocimiento de la discapacidad como problema social pone sobre la agenda una serie de problemáticas acerca de la relación de cuidado que estas personas tienen derecho a recibir y las responsabilidades y las limitaciones que tiene el Estado para garantizar la inclusión efectiva de la población.
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