Entre ríos, oro y montañas, cómo el extractivismo ordenó el territorio en el polígono minero de Miraflores-Quinchía, Colombia
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Cano Franco, Francisco Javier | 2021-03-24
spa: En un mundo globalizado dónde están claramente definidos los roles que juegan los
países en el circuito económico mundial, se condena a la segmentación de las
economías nacionales; más aún cuando son países emergentes y con altos grados de
dependencia de las exportaciones primarias. Este es el caso de muchos países
latinoamericanos donde su rol es la producción de materias primas, en particular las
del sector minero-energético; lo que supone una gran conflictividad en los territorios
debido a la ocurrencia sistemática y permanente de problemas socio-ambientales,
además de graves conflictos en los usos y vocaciones del suelo, sumado al hecho del
poco desarrollo en los instrumentos técnicos de ordenamiento territorial.
Puntualmente se analizó el caso del polígono minero de Miraflores, ubicado en el
municipio de Quinchía, centro-occidente de la república de Colombia; el cual es una
zona geográfica que ha tenido tradición minera de baja intensidad desde hace varias
décadas y se ve enfrentada en la actualidad a la refuncionalización de sus modos de
producción por medio de la puesta en marcha de un modelo de extracción minera de
alta intensidad. Este fenómeno en franca oposición a la visión y costumbres de las
comunidades indígenas y campesinas que habitan la zona.
La investigación se abordó desde una lógica de triangulación, la cual consistió en la
combinación de diversos métodos de recogida y análisis de datos confrontados entre sí
para acercarse a la realidad investigada; lo que a su vez permitió identificar los actores
intervinientes y sus intereses en el territorio, para así caracterizar sus formas de
territorialización prácticas y simbólicas. Entre las que sobresalen los procesos de
reetnización de las comunidades indígenas basadas en la recuperación de la lengua
nativa, la resignificación de sitios sagrados, la conformación de un resguardo y el
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activismo judicial. Por su parte la estrategia más recurrente de las compañías mineras
son los programas de responsabilidad social empresarial, los cuales apuntan a ganarse
el favor de las comunidades a través de inversiones en sectores básicos como la salud,
la educación, la cultura y la asistencia técnica agropecuaria, los cuales son precarios en
estas zonas. Esta permanente disputa por la legitimidad y dominio entre los actores
intervinientes se producen bajo la fluctuante posición de las autoridades Estatales.
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