Juliá, Marta Susana | 2015-11-03

Los problemas ambientales actuales demandan acciones y respuestas por partede las instituciones que tienen a su cargo la ejecución de la política ambiental y que gestionan el ambiente en el territorio que les compete. La dinámica propia de la temática ambiental ha impuesto un ritmo de respuesta institucional, política, administrativa y jurídica de tal naturaleza que la construcción teórica desde el derecho ambiental se ha visto, al menos, rezagada. Es en este sentido que, ante los escasos antecedentes en Argentina referidos a estudios jurídico-institucionales relacionados con la cuestión ambiental o ecológica entendida como problema político acuciante, nos propusimos intentar diferentes desarrollos teóricos y relevamientos de datos capaces de echar algo de luz a la situación en nuestro territorio. En este trabajo precisaremos, en primer término, nociones como gestión pública del ambiente e institucionalidad ambiental. En segundo término, nos ocuparemos de aquello que denominamos “nuevo orden ambiental Nacional”. En ese marco abordaremos lo que aparece como sus impactos directos en la sanción legislativa nacional y provincial, pero principalmente en las instituciones ambientales nacionales y de las diferentes jurisdicciones provinciales2. A los fines de este último punto, explicitaremos los diferentes modelos institucionales elaborados que nos permitieron caracterizar los organismos públicos estatales y su desarrollo. Por último, efectuamos algunas referencias a la trascendencia de la coordinación interjurisdiccional en materia ambiental. Asimismo, cabe destacar que el presente se inscribe en el marco del desarrollo de una novedosa línea de investigación entre los estudios jurídico-ambientales en Argentina. La misma intenta abordar los problemas ecológicos desde el derecho pero sin descuidar la especificidad y complejidad de lo ambiental.ABSTRACTThe current environmental problems demand action and answers from the institutions that are responsible for implementing the environmental policy and managing the environment in the territory of their competence. The typical dynamics of the environmental subject matter has set an institutional, political, administrative and legal answer rhythm of such nature that the theoretical construction from the Environmental Law has been, to say the least, left behind. It is in this sense that, in view of the scarce background referred to legal-institutional studies in Argentina in relation with the environmental or ecological matter -understood as an urgent political problem,- we decided to intend different theoretical developments and data surveys capable to throw a light upon this situation in our territory. In this work we will specify, in first place, ideas such as public environmental management and environmental institutionalism. Secondly, we will see to what we call “new environmental National order.” In this framework we will deal with what appears as its direct impact in the national and provincial legislative sanction, but mainly in the national environmental institutions and the different provincial jurisdictions2. For the purposes of this last point, we will explain the different institutional models developed which allowed us to characterize the state-owned public organisms and their development. Finally, we will make a reference to the importance of the interjurisdictional coordination in environmental matters. By the same token, it is worth noting that this work is registered within the framework of an innovative research line in the Judicial-Environmental Studies in Argentina. It intends to deal with ecological problems from the Law but without neglecting the specificity and complexity of the environmental issues. 

Culleton, Alfredo | 2011-12-23

El presente artículo muestra la problemática en la defensa de los derechos humanos en un mundo globalizado.  Queda claro que los derechos humanos, a pesar de la controversia teórica, pueden ser concebidos como una  categoría moral, formada por valores que se interrelacionan con la dignidad humana. Además, es evidente que  aunque sean calificados como supra-legales, por existir independientemente al reconocimiento jurídico de los  Estados, su efectivización y garantía dependen de la incorporación de dichos valores a los ordenamientos  jurídicos nacionales e internacionales, de forma que comprometen a los centros de poder a su observancia y  resguardo.