Peligro para la comunidad como requisito para la imposición de medidas de aseguramiento: conflicto entre la prelación de la normativa internacional con el orden jurídico interno
Trabajo de grado - Pregrado
Proceso penal
Medidas de aseguramiento
Peligro para la comunidad
Libertad
Presunción de inocencia
Dignidad humana
Prelación de tratados internacionales
Corte Constitucional Colombiana
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Criminal proceeding
Protective measures/detention order
Danger to the security of the society or the victim
Presumption of innocence
Human dignity
Colombian Constitutional Court
Inter-American Court of Human Rights
Legislación
Aplicación de la ley
Medidas de aseguramiento
Peligro para la comunidad
Libertad
Presunción de inocencia
Dignidad humana
Prelación de tratados internacionales
Corte Constitucional Colombiana
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Criminal proceeding
Protective measures/detention order
Danger to the security of the society or the victim
Presumption of innocence
Human dignity
Colombian Constitutional Court
Inter-American Court of Human Rights
Legislación
Aplicación de la ley
2022-09-06
spa:Las medidas de aseguramiento dentro del proceso penal son caracterizadas por su naturaleza excepcional, preventiva, cautelar y temporal, pues abarcan una amplia intromisión en el derecho fundamental de la libertad de las personas, ya sea restringiéndolo o condicionándolo. En este sentido, la actual codificación procesal penal -Ley 906 de 2004- establece, en su artículo 310, los 3 requisitos por los cuales puede proceder la imposición de una medida de aseguramiento, a saber: (i) que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia, (ii) que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima o (iii) que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia. Sin embargo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, convenio debidamente ratificado por el Congreso Colombiano mediante Ley 16 de 1972, y los diferentes pronunciamientos que de su análisis emanan, por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desaprueban tajantemente el requisito número 2 del artículo en cita, concerniente al peligro que comporte el imputado para la sociedad, como un sustento o presupuesto idóneo para la imposición de una medida de aseguramiento dentro del despliegue de un proceso penal. No obstante, en clara contravía de la disposición contenida en el artículo 93 del Texto Político Colombiano, el cual obliga a que “los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción” prevalezcan en el orden interno, así como que los derechos y deberes consagrados en la Constitución Política se interpreten “de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”, la Corte Constitucional Colombiana, mediante sentencia C-469 de 2016, avala la consagración de este requisito -peligro que comporte el imputado para la sociedad- como un presupuesto acorde a los postulados constitucionales, el cual puede ser usado en sede de procesos de enjuiciamiento penal, para la solicitud de imposición de medidas de aseguramiento. De esta forma se pretende, con el presente trabajo de investigación, determinar de qué forma las razones jurídicas por las cuales la Corte Constitucional Colombiana, en sentencia C-469 de 2016, donde plantea la tesis de compatibilidad que declara la constitucionalidad del requisito “peligro para la comunidad” como presupuesto para la imposición de una medida de aseguramiento en el ordenamiento jurídico colombiano, se encuentran ajustadas a las garantías contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. eng:Protective measures developed in the criminal process are characterized by their exceptional, preventive, precautionary and temporary nature, due to the fact that they necessarily involve an interference in the fundamental right of freedom of persons, either restricting or conditioning it. In this context, the current criminal procedure codification -Law 906 of 2004- establishes, in Article 310, the 3 requirements for the imposition of a protective measure: (i) detention order is necessary to prevent the accused from obstructing the due exercise of justice, (ii) when the accused constitutes a danger to the security of society or the victim or (iii) when is likely that the accused will not appear at the trial or that he will not comply with the sentence. However, the American Convention on Human Rights, an agreement duly ratified by the Colombian Congress through Law 16 of 1972, and the different pronouncements that emanate from its analysis by the Inter-American Court of Human Rights, strongly disapprove requirement number 2 of the article in question. Nevertheless, in clear contravention of the provision contained in Article 93 of the Colombian Political Text, which requires that "international treaties and conventions ratified by Congress, which recognize human rights and prohibit their limitation in states of exception" prevail in the internal order, as well as that the rights and duties enshrined in the Constitution be interpreted "in accordance with international treaties on human rights ratified by Colombia", the Colombian Constitutional Court, through judgment C-469 of 2016, endorses the effect of this requirement - when the accused constitutes a danger to the security of society- as an assumption in accordance with the constitutional postulates, which can be used in criminal prosecution proceedings, for the request for the imposition of detentions. In this way, it is intended, with this research work, to determine how the legal reasons that the Colombian Constitutional Court uses, in judgment C-469 of 2016, where it approves the protective measure -"danger to the community"- as a constitutional reason for the imposition of a protective measure in the Colombian legal system, are adjusted to the guarantees contained in the American Convention on Human Rights, as well as the jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights.
- Derecho [21]
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Descripción: Acta de sustentación
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