La consulta previa frente a la minería. Estudio de caso en los resguardos indígenas del noroccidente colombiano

Abstract

El derecho a la consulta previa en Colombia se encuentra regulado por convenios internacionales, ratificado por la ley, reglamentado, y existe una amplia jurisprudencia de las altas cortes; sin embargo, la materialización de la consulta previa es hostil para las comunidades indígenas, quienes a pesar de conocer sus derechos escritos sobre el papel, deben recorrer una senda difícil para lograr su reconocimiento material. Mediante el análisis de dos estudios de caso: Emberas contra Muriel Mining Corporation, en las sentencias de la Corte Constitucional, tutela T 769 de 2009 e indígenas Cartama contra Gran Colombia Gold, en la tutela T 438 de 2015, se analizarán las acciones del Estado, los indígenas y las empresas trasnacionales por medio de la triangulación de datos, y el análisis sociojurídico de la participación social ante el extractivismo minero, y se cuestionarán las acciones de cada uno de estos actores respecto a la consulta previa en la minería del oro. Durante el proceso de consulta previa del primer caso se verificó que aparecieron ‘seudorepresentantes’ de las comunidades que fueron demandados penalmente por estas debido a la falsedad en la representación; también se verificó que se realizó una preconsulta con indígenas Embera de otro municipio, Riosucio (Caldas), que no hacía parte del proyecto en cuestión. En el segundo caso, se pone en evidencia cómo las empresas trasnacionales subcontratan con empresas colombianas, conformando la triple alianza Estado, empresas transnacionales y poderes locales, que Boaventura de Sousa analiza, y que autores como Amparo Rodríguez y Cesar Rodríguez, señalan con ejemplos en sus libros sobre consulta previa.

The right to prior consultation in Colombia is regulated by international conventions, ratified by law, regulated, and there is extensive jurisprudence of the high court on the issue. However, the materialization of prior consultation is hostile to indigenous communities who, despite knowing their written rights, must travel a difficult path to achieve their material recognition. Through the analysis of two case studies -Emberas versus Muriel Mining Corporation in the sentences of the Constitutional Court, writ of amparo T 769 of 2009, and indigenous Cartama versus Gran Colombia Gold, writ of amparo T 438 of 2015- the actions of the State, the indigenous communities and the transnational companies will be analyzed through the triangulation of data and the socio-legal analysis of social participation facing mining extraction, and the actions of each of these actors regarding prior consultation in gold mining, will be questioned. During the prior consultation process in the first case, it was verified that there were ‘pseudorepresentatives’ of the communities that were criminally sued due to the falseness in the representation. It was also verified that a pre-consultation was carried out with the Embera indigenous community from another municipality, Riosucio (Caldas), which was not part of the project in question. In the second case, it is evident how transnational corporations subcontract with Colombian companies forming the triple alliance State, transnational corporations and local powers, that Boaventura de Sousa analyzes, and that authors such as Amparo Rodríguez and Cesar Rodríguez point out with examples in their books on prior consultation.